Todos los años se repite la misma historia: llega enero en Arequipa y, con él, los días nublados, las lluvias y la neblina. Cualquiera que haya vivido al menos dos años en esta ciudad sabe que esa es la característica de nuestro verano. Sin embargo, parece que ni las autoridades ni los empresarios no reconocen esta realidad o simplemente tienen otros intereses.
La incompetencia del sector público es ampliamente conocida: autoridades distritales, provinciales y regionales deciden —sabe Dios por qué razón— iniciar obras que paralizan las ciudades. ¿Por qué hacerlo precisamente en estos meses de clima tan adverso? “Porque así está programado, porque no hay tráfico ya que los escolares están de vacaciones, porque no hay gente porque están en la playa”, entre otras justificaciones. Pero, ¿realmente ese es el motivo? Obras que deberían durar uno o dos meses terminan demorando y costando más, porque contra el clima no se puede luchar: por mucha planificación y previsión que exista, la naturaleza siempre se impone. Surge entonces la pregunta: ¿acaso a alguna autoridad le conviene la demora y el sobrecosto de esas obras, o hay intereses políticos detrás de esta fiebre constructora? No olvidemos que este es un año electoral. Por otro lado, el sector privado tampoco se queda atrás. Un ejemplo patético y recurrente son las cancelaciones de vuelos en nuestro aeropuerto “internacional”. Se ha vuelto tradición que entre enero y febrero deje de funcionar porque los aviones no pueden despegar ni aterrizar debido a las “malas condiciones climáticas” de la ciudad. Bajo esta excusa, ni el aeropuerto ni las aerolíneas asumen responsabilidad por los daños colaterales: más días de hospedaje, gastos de movilidad y alimentación, pérdida de citas médicas, entrevistas de trabajo o conexiones internacionales.
La empresa privada, claro está, nunca pierde: ofrece reprogramar el vuelo o devolver el dinero. En cualquiera de los casos, los únicos perjudicados son los pasajeros y, por supuesto, la ciudad: la segunda más importante del Perú, pero con un aeropuerto de quinta categoría. Quienes hemos viajado al extranjero sabemos que lo de las “malas condiciones climáticas” es una burda excusa, pues en otras partes del mundo los aeropuertos siguen funcionando con lluvia, nieve o viento. La realidad es que nuestro empresariado nacional no quiere invertir en mejorar la tecnología de este pobre y triste aeropuerto, mientras el Estado ha renunciado a su papel de fiscalizar el adecuado funcionamiento de los servicios privados. Estamos, literalmente, en tierra de nadie.
Mientras escribo estas líneas, leo que Lima Airport Partners reporta inesperadas fallas técnicas en el sistema de radar del flamante nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Dichas fallas han generado retrasos y cancelaciones de múltiples vuelos. ¿Quién reclama? ¿Quién fiscaliza y sanciona? ¿Quién se hace responsable? No se oye, padre.
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