Las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sobre la futura legislación para limitar el número de pasajeros en motocicletas y endurecer el control migratorio traen a la discusión la efectividad de las políticas de seguridad en el país. Si bien es innegable que el uso de motos en actividades delictivas es un problema grave y necesita urgente solución, esta normativa podría quedarse en un nivel superficial. La seguridad no solo se trata de limitar pasajeros, sino de abordar la criminalidad desde un enfoque integral que considere también las causas subyacentes de esta crisis, como la falta de oportunidades y la informalidad laboral.
La propuesta de implementar cascos con placas inteligentes para identificar a los motociclistas es innovadora, pero plantea desafíos logísticos y económicos considerables. La infraestructura necesaria y el mantenimiento de esta tecnología demandarán una gran inversión, algo que podría no estar al alcance del presupuesto actual del gobierno de Dina Boluarte. Más allá de la implementación, la efectividad dependerá de una fiscalización continua que se ve difícil en un país con limitaciones de recursos y control efectivo en las distintas regiones.
En cuanto a la medida migratoria, exigir el carné de extranjería en los contratos busca controlar la actividad de los foráneos, asociada a ciertos casos de delincuencia. Es fundamental que cualquier política migratoria tenga un enfoque de seguridad, pero también de integración social, evitando que se convierta en un catalizador de estigmatización.
En resumen, estas medidas pueden dar la impresión de respuesta inmediata, pero la seguridad ciudadana necesita un plan integral que incluya mejoras en educación, justicia y economía para generar un cambio real.
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