Lo interesante de nuestra realidad política es que es tan cambiante y rica en temas para los sociólogos. Empezamos la semana con una gobernante y la terminamos con otro, totalmente distinto. El 10 de octubre de 2025, Dina Boluarte fue destituida por el Congreso por “incapacidad moral permanente”, en una votación histórica que superó incluso las cifras de vacancia de Fujimori, Vizcarra y Castillo. Sin embargo, esta decisión no fue producto de la superioridad ética y moral de nuestros mal llamados padres de la patria, sino de una acumulación de omisiones, silencios y cálculos políticos.
La incapacidad, ineptitud, indolencia y demás faltas éticas y morales de Boluarte han sido evidentes incluso desde que era vicepresidenta de Pedro Castillo. Su gestión estuvo marcada por la represión de protestas, el decrecimiento económico, escándalos de corrupción, operaciones estéticas y, últimamente, la indiferencia ante la inseguridad ciudadana. No obstante, este Congreso que el pasado viernes la vacó nunca hizo nada en concreto por vacarla antes, pudiendo evitar de esta manera la nueva crisis que ahora vivimos. Como le comentaba a un influencer de Instagram: “ella no ha cambiado, siempre ha sido así, al igual que los incompetentes del Congreso; lo que ha cambiado es el contexto. Dina Boluarte ya no podía cerrar el Congreso, pero el Congreso sí podía vacarla, incluso faltando menos de un año para que acabara su gestión”. La correlación de fuerzas se inclinó, no por ética o moral, sino por conveniencia electoral. Y así, en medio de una tormenta política, el Congreso eligió como sucesor a José Jerí, presidente del Legislativo, quien constitucionalmente le corresponde. Pero lamentablemente, la cura parece peor que la enfermedad. Jerí llega al poder con múltiples acusaciones y cuestionamientos. Fue denunciado por presunta violación sexual, donde la víctima relató haber perdido la conciencia tras consumir alcohol y despertó con signos de abuso. A ello se suman investigaciones por presunta corrupción. Su perfil político, aunque joven, está marcado por la controversia y la falta de experiencia ejecutiva. ¿A qué intereses responde Jerí? ¿Qué será capaz de negociar, ceder o reprimir para quedarse hasta el 2026? Más importante aún: ¿la calle seguirá dormida?
Las movilizaciones que marcaron el inicio del gobierno de Boluarte se han diluido, y el nuevo presidente ha prometido “transparencia y neutralidad para las elecciones generales”, aunque su legitimidad está en entredicho. En este contexto, nuestra democracia no solo enfrenta una crisis de representación, sino una profunda erosión ética y moral. El contexto electoral, el oportunismo legislativo y la indiferencia ciudadana configuran un escenario donde el poder se recicla, pero no se transforma. La pregunta no es quién gobierna, sino cómo y para quién lo hace. Y en esa respuesta, está en juego el futuro de nuestra ya débil institucionalidad.
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