La reciente declaración del alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, exhortando a Indecopi y al Ministerio Público a fiscalizar a los grifos por presunta especulación en el precio del combustible, merece ser analizada con lupa. Si bien la preocupación por proteger a los usuarios es legítima, cabe preguntarse: ¿por qué la municipalidad reacciona solo cuando el malestar ciudadano se hace evidente? ¿No debería existir un sistema permanente de vigilancia y transparencia en la comercialización de bienes esenciales como el combustible?

El propio comunicado reconoce que no existe desabastecimiento de gasolina ni diésel en Arequipa. Entonces, ¿qué explica el silencio previo de la comuna frente a los incrementos repentinos? La especulación no surge de la nada: prospera cuando las autoridades carecen de mecanismos de control efectivos o cuando se limitan a reuniones protocolares que terminan en exhortaciones sin consecuencias reales.

Más aún, mientras se discute la situación del SIT y se mantiene la tarifa en S/ 1, los concesionarios advierten que sus costos operativos se disparan. ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad del transporte público si la Municipalidad solo promete evaluar propuestas en el Concejo? La ciudadanía necesita certezas, no anuncios que se diluyen en trámites interminables.

El alcalde habla de sanciones a unidades de transporte que incumplan disposiciones, pero guarda silencio cuando suben la tarifa por la noche o media ruta. ¿Por qué la severidad se no aplica a los transportistas que abusan de la ciudadanía que menos tiene? La coherencia en la gestión pública exige que la defensa del usuario sea integral, no selectiva.

En una ciudad que aspira a ser “con humanidad”, la transparencia y la acción firme deberían ser la regla, no la excepción. Señor alcalde, ¿seguirá limitándose a exhortar, o asumirá de una vez el liderazgo que Arequipa necesita frente a la especulación y la falta de confianza en sus autoridades?