Dos nuevos hechos nos llaman la atención sobre la necesidad de una respuesta más inmediata de los operadores de justicia y la necesidad de proteger a la sociedad.
El primer caso ocurrió en la capital. La joven se negaba a retomar la relación con su agresor de nombre Sergio Tarache. Este la citó en un paradero y le prendió fuego. Lamentablemente, una vez ocurridos los hechos, faltó mayor acción por parte de las autoridades. La orden de captura contra el feminicida llegó seis días después, permitiendo que este fugue a Colombia. Recién en ese país fue capturado y desde el Estado se viene impulsando su extradición.
Uno de los principales escollos es la nacionalidad venezolana de este sujeto. Por un lado, las leyes establecen que debe ser deportado al país donde cometió el delito. Sin embargo, otros especialistas señalan que podría ser entregado en la frontera de su lugar natal. Mientras ocurre este debate, lo cierto es que una familia implora por justicia ante la pérdida de una integrante con mucho por hacer en la vida.
El otro caso nos lleva a Puno. Una enfermera fue abusada por sujetos en estado de ebriedad, quienes la dejaron al borde de la muerte. Ante la gravedad de sus lesiones la profesional, madre de tres hijos, tuvo que ser trasladada a Lima. Conforme pasaron los días, su salud se agravó y le tuvieron que amputar una pierna. Lamentablemente no pudo resistir y falleció hace algunas horas, mientras sus agresores ya purgan 9 meses de prisión preventiva.
En ambos casos se espera que el Ministerio Público asuma su papel como debe ser y se pida la máxima pena para los feminicidas. Recordemos que justicia que tarda no es justicia y peor aún cuando de por medio está la vida de jóvenes que tenían familia y un futuro por delante.
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