El caso conocido como ‘Chifagate’ ha dejado al descubierto un problema que va más allá de una cena fuera de horario: la fragilidad de los límites entre lo privado y lo público en el ejercicio del poder. El presidente interino José Jerí no está siendo cuestionado por comer en un chifa, sino por hacerlo repetidas veces con un empresario bajo investigación, fuera de registros oficiales y sin transparencia.
Jerí ha reconocido al menos tres visitas al restaurante del empresario chino Zhihua Yang, una de ellas encapuchado y cerca de la medianoche. Aunque insiste en que no hubo actos ilegales, el problema central es otro: un jefe de Estado no puede sostener reuniones con intereses privados sin dejar constancia, menos aún cuando el país atraviesa una crisis de confianza política.
Las explicaciones del mandatario —que fue una actividad cotidiana o que cayó en una trampa— no disipan las dudas. En política, no basta con decir que no se hizo nada malo; es indispensable demostrarlo con hechos claros, protocolos cumplidos y agendas públicas. La informalidad, incluso sin delito probado, debilita la institucionalidad.
Más preocupante aún es que el propio premier haya reconocido que el presidente “cometió errores” por su juventud, en un tono casi paternal. Gobernar no admite aprendizajes improvisados. La historia reciente del país demuestra que las reuniones clandestinas —de Sarratea al chifa— siempre terminan pasando factura a la democracia.
Que Jerí se haya puesto a disposición de la Fiscalía es un paso necesario, pero insuficiente. La verdadera lección de este episodio es simple: el poder no se ejerce en la sombra. La transparencia no es una opción, es una obligación. Cuando se gobierna sin reglas claras, la sospecha ocupa el lugar de la confianza.
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