El daño ocasionado al proyecto Majes Siguas II es inmenso, pero nadie castiga a los mayores responsables, los exgobernadores y consejeros del Gobierno Regional de Arequipa, GRA.
En nuestro querido Perú, la mayoría de los administradores de la hacienda pública no sólo son ignorantes e incapaces, también son inmorales y hurtadores. Recordemos que la primera etapa de Majes se inició en 1971 y demoró 12 larguísimos años hasta que se irrigaron 13 mil hectáreas con una inversión descomunal de 914 millones de dólares.
Majes Siguas II se inició el 9 de diciembre de 2010, con la entrega del GRA a la empresa COBRA para que ejecute el proyecto con una inversión de 425 millones de dólares. Meses después, jueces de Cusco determinaron que un porcentaje de las aguas a trasvasarse del río Apurímac para irrigar las 38 500 hectáreas de Majes Siguas II, debían quedarse en Cusco, motivando que el Tribunal Constitucional ampare parcialmente ese pedido.
Al disminuirse el causal originalmente previsto, Cobra propuso modificar el sistema de conducción del agua, proponiendo un incremento de 104 millones de dólares, los cuales debían aprobarse en la adenda 13. Durante los 6 años que el GRA demoró en aprobar esa adenda, el proyecto se paralizó y Cobra resolvió unilateralmente el contrato.
El 16 de octubre de 2024, cuando el GRA ya trasladó la responsabilidad del proyecto al gobierno central, Cobra demandó al gobierno peruano ante el Centro de Arbitraje Internacional (Ciadi), por 1400 millones de dólares, alegando 19 incumplimientos del GRA y ausencia de garantías financieras por el gobierno central.
Ese arbitraje le importó tan poco al gobierno de la expresidenta Boluarte, que recién el 29 de noviembre último el presidente Jerí aprobó la resolución ministerial 574-2025-EF, autorizando la contratación del estudio internacional Haussmann Associés SELARL para la defensa del Perú, con honorarios reconocidos de 30.75 millones de soles.
La grave crisis que está sepultando a Majes Siguas II, la calla el gobernador de Arequipa y el Gobierno central. Quizá porque hay otros 20 arbitrajes en el CIADI con un monto aproximado de 30 mil millones de dólares demandados al Gobierno peruano, lo cual habla claramente de la calidad de nuestra administración pública.
En unos 5 años, aproximadamente, el Ciadi decidirá el monto que Perú debe pagar a Cobra. Para entonces el proyecto sumará 15 años de paralización. Y el costo para revivir el proyecto, será varias veces más que esos 425 millones originalmente previstos. Adicionalmente, esos 200 mil puestos de trabajo que debe generar el proyecto seguirán en el aire, como esos 9 mil millones de soles que debería obtener Arequipa, anualmente.
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