El recordatorio del JNE sobre los plazos de renuncia para autoridades que deseen postular en 2026 no es un simple trámite. Representa una salvaguarda esencial para la equidad del proceso electoral.
Poseen recursos, poder de decisión y visibilidad que podrían distorsionar la competencia. Exigir su dimisión seis meses antes de los comicios busca nivelar el campo de juego entre candidatos.
La medida también responde a la necesidad de impedir el uso de fondos públicos con fines políticos. Cuando el Estado se confunde con campaña, la democracia pierde credibilidad y confianza ciudadana.
No todos los cargos tienen la misma exigencia. Para funcionarios menores, basta con licencia sin goce de haber, lo cual evita vacíos de gestión sin sacrificar imparcialidad en la contienda electoral.
El JNE actúa en línea con principios internacionales de transparencia electoral. Al exigir reglas claras y plazos definidos, envía un mensaje: la legitimidad del proceso no puede estar sujeta a improvisaciones políticas.
El cumplimiento estricto de estos plazos evitará cuestionamientos posteriores. En elecciones polarizadas, cualquier omisión alimenta sospechas de favoritismos. La prevención legal es, en este caso, la mejor garantía de estabilidad democrática.
La ciudadanía debe entender que estas renuncias no son un obstáculo, sino una garantía. La fortaleza de una democracia se mide por la confianza en sus reglas, y respetarlas es una obligación ineludible.
Además, si las autoridades electas aman servir al pueblo por eso postulan a los comicios, no deberían renunciar por conseguir un mayor cargo sino seguir gobernando por el desarrollo de sus ciudadanos, pero esa idea parece utópica.
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