El anuncio del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sobre la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas marca un nuevo capítulo en la forma en que el Estado peruano enfrenta la protesta social. El argumento oficial es la modernización de la Policía tras casi una década de abandono.
Pero la decisión llega justo después de una marcha nacional con un muerto y decenas de heridos, lo que convierte la compra en una señal preocupante: el Gobierno parece apostar por el blindaje antes que por el diálogo.
La criminalidad y la violencia en las calles ya no temen a nadie, y las protestas se han vuelto escenarios de tensión donde el reclamo legítimo se confunde con la represión.
En medio de ese clima, el Estado responde con más metal y menos empatía. Equipar a la policía es necesario, pero hacerlo sin revisar los abusos ni garantizar el respeto a los derechos humanos solo profundiza la desconfianza. Cuando la gente siente que el Gobierno le teme, las calles se vuelven su único espacio de voz.
Los rochabuses y las tanquetas son herramientas, no soluciones. Pueden mantener el orden por un día, pero no resolverán la crisis de fondo: la distancia entre el poder y el pueblo. Si no hay transparencia, control civil ni formación ética, cada vehículo blindado se convertirá en símbolo de represión, no de seguridad. La democracia no se mide por la fuerza de sus escudos, sino por la fuerza de su diálogo.
Si el Gobierno quiere recuperar la autoridad moral que ha perdido, no necesita más tanques, sino más confianza. La paz no se impone; se construye. Y en el Perú, mientras los ministros compran blindados, el pueblo sigue desprotegido.
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