Considero que la mayoría considera que la educación escolarizada en el país linda con la mediocridad, lo cual propicia el empobrecimiento moral, cultural y productivo de la sociedad. Y en ocasiones, propician daños muy graves en el pueblo.
Por ejemplo, el primer día del año 2024 el Poder Judicial tenía 1 030 691 procesos en trámite. Al inicio de este año las causas por resolver sumaron 1 190 228, lo cual representa un incremento del 15.4 %. Este incremento, por sí, es gravísimo porque demuestra, por lo menos, 3 temas básicos: que los valores sustantivos de nuestra sociedad siguen diluyéndose, que la trascendencia del Estado se debilita como fruto de la mediocridad de nuestros gobernantes, y, que se acrecientan las necesidades materiales insatisfechas del pueblo.
Pero hay otro dato que es el de mayor relevancia. Durante los 3 primeros meses de este año, el Poder Judicial resolvió 31 369 causas, de las cuales el 33.8 % corresponden a delitos contra la familia. Ninguna otra figura delictiva alcanza tamaño porcentaje, considerando que el 25 % de condenados corresponde a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y un 14.7 % por delitos contra el patrimonio.
Meditemos por unos instantes, qué hemos hecho durante las últimas décadas, para que uno de cada tres delitos los cometamos en contra de nuestras familias. ¿Acaso no son nuestros cónyuges e hijos lo más valioso que debemos priorizar, cautelar y defender?
A este mundo real sumemos que 4 de cada 5 delitos contra la familia tienen como principal causante a los varones. Sea por temas de infidelidad, abandono del hogar, incumplimientos primarios con los hijos o desempeño violento en el hogar. Una responsabilidad necesariamente compartida con las esposas o cónyuges.
En el país, a marzo del 2025, de los 200 mil condenados, 101 302 sufrían prisión efectiva en alguna de las 69 cárceles. Un número por sí, que explica la educación paupérrima que se imparte en las escuelas públicas, pero también, en los hogares. Pero existen otras causales generadas por ausencia de políticas de Estado que alimenten el enriquecimiento homogéneo de la sociedad, en todos los campos.
En el Poder Judicial, por ejemplo, de los 3714 jueces que había a marzo de este año, sólo el 42 % eran titulares. En las desigualdades económicas, el 45 % de la población cajamarquina vive en pobreza monetaria y en Moquegua se reduce al 10 %.
En el poder Legislativo, el número de trabajadores en el Congreso se multiplicó por 8 en los últimos 25 años. Un tema que no debería preocuparnos si el Congreso hiciera su trabajo.
Y en cuanto al Poder Ejecutivo, suficiente es mencionar que 9 de los últimos 13 presidentes o fueron condena o están procesados penalmente.
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