El retorno a la bicameralidad costó más de 85 millones de soles en remodelaciones, según informes públicos. Sin embargo, apenas iniciadas las labores legislativas, algunos senadores y diputados denuncian que trabajan en ambientes sin ventilación, dentro de antiguas bóvedas o incluso en espacios considerados inhabitables. 

El caso de la senadora Mirtha Vásquez y la advertencia de que algunos parlamentarios tendrían que atender desde la plaza Bolívar retratan una contradicción difícil de explicar: ¿en qué se invirtieron realmente esos millones?
Más allá de las diferencias políticas, es importante señalar que se gastó un presupuesto millonario para darles oficinas de lujo a los legisladores. El problema no es defender a un congresista u otro, sino exigir que el dinero de todos los peruanos haya sido utilizado con transparencia y eficiencia. 

Si el Congreso aprobó un gran presupuesto para adecuar la infraestructura de la bicameralidad, los resultados tendrían que ser visibles desde el primer día. De lo contrario, corresponde una auditoría exhaustiva para determinar responsabilidades.

El nuevo Congreso no puede empezar repitiendo los errores del anterior: obras costosas, planificación deficiente y poca rendición de cuentas. Mientras millones de peruanos esperan hospitales, colegios o carreteras, resulta inaceptable que una inversión de tal magnitud termine generando oficinas improvisadas y cuestionamientos. La bicameralidad debía representar una oportunidad para fortalecer la institucionalidad; hoy, el desafío es demostrar que también puede ser un ejemplo de buena gestión y respeto por los recursos públicos. ¿Será posible?