El 96 % de la ciudadanía cuestiona el desempeño de los congresistas, de la presidenta y sus ministros porque el contubernio en el que viven limita sus deberes legislativos y favorece sus intereses remunerativos.
Cíclicamente nuestra historia está plagada de acontecimientos tenebrosos. Las riquezas del guano de isla y el salitre terminaron con la desgarradora guerra del Pacífico, luego se vivió la fiebre del caucho, para ingresar en los años 60 a la cocaína, el narcotráfico y acto seguido, al maoísmo liderado por Sendero Luminoso. Y luego la fiebre del oro extraído por la minería ilegal, cuyos ingresos de 8 mil millones de dólares corromper instituciones y autoridades. Y ahora la fiebre de la política. Hoy hay 40 partidos políticos reconocidos y otros 33 aspiran logarlo al 12 de abril.
Desde esa perspectiva, ¿qué hacemos?
Propongo 7 soluciones que, sin aprobación del congreso, serán humo. Detallando:
1. Para las elecciones de 2026, los candidatos a la presidencia, congreso, gobiernos regionales y municipales no pueden tener sentencias penales, acusaciones fiscales vigentes y poseer título profesional inscrito en SUNEDU.
2. Los elegidos quedan prohibidos de cambiarse de partidos políticos durante su mandato y quien lo haga, no será remplazado.
3. Consignar en los padrones electorales doble voto a los mayores de 50 años y triple voto a los profesionales con título reconocido por SUNEDU.
4. Eliminar la gracia jurídica de la prescripción de cualquier delito, a los candidatos a cargos de elección popular.
5. Dividir el proceso electoral en 2 etapas. En la primera se nomina a los senadores y diputados. Y en la segunda, se elige presidente entre los 3 candidatos cuyos partidos obtengan mayor número de congresistas elegidos.
6. Constituir Jurados Especiales para juzgar a las autoridades elegidas por voto popular y ministros de Estado, en procesos cuya duración no exceda a los 3 meses, integrados por exjueces supremos, ex integrantes del Tribunal Constitucional y decanos de los colegios profesionales de abogados y de las facultades de derecho de las universidades más antiguas del país.
7. Eliminar los trabajadores personales de los congresistas. Todos los asesores son profesionales ilustres y permanentes del Congreso.