El ejercicio del periodismo exige una responsabilidad ética y moral inflexible, especialmente cuando nos enfrentamos a hechos sensibles que involucran a poblaciones vulnerables. La reciente difusión en televisión nacional del nombre de un menor víctima de violencia sexual en el caso del liceo naval representa una vulneración grave a los principios fundamentales de nuestra profesión que no se borra con disculpas al aire.
El artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes y el artículo 154 del Código Penal establecen la prohibición absoluta de revelar la identidad o datos del entorno de un menor. Anteponer la premura informativa o el sensacionalismo por encima de la ley no solo exime de responsabilidad legal a quien comete la falta, sino que revictimiza de manera irreparable a quien sufre.
Exponer públicamente a una víctima invalida su proceso de recuperación, promueve la estigmatización y genera un clima de inseguridad que desincentiva la denuncia de abusos. La búsqueda de la primicia jamás puede justificar el atropello a los derechos fundamentales de un adolescente, ni convertirse en un espectáculo televisivo.
Esta lamentable situación debe servir como una lección pedagógica y un llamado de atención urgente para todas las salas de redacción del país: el rigor profesional se demuestra en la capacidad de informar con veracidad sin cruzar la frontera del amarillismo, entendiendo que el respeto a la dignidad humana es el límite infranqueable de la libertad de expresión.
Resulta indispensable que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y los órganos de autorregulación de medios actúen con la máxima firmeza para sentar precedentes claros frente a estas infracciones. Mientras la justicia determina las responsabilidades penales del caso, los medios de comunicación deben asumir un compromiso ético real con la verificación meticulosa y el conocimiento del marco legal antes de emitir contenidos al aire. El periodismo no es una plataforma para la impunidad discursiva ni para el cálculo mediático; es una función social de alto impacto que exige madurez, autorregulación y una defensa inquebrantable de los derechos de la infancia.
