El año 2014 un diario de la capital, notició la existencia de 126 niños menores de 12 años de edad, intoxicados con metales pesados en su flujo sanguíneo, verificado por el Minsa. Sobre este caso, no se conoce si los afectados recibieron tratamiento hasta su recuperación; tampoco, se tiene conocimiento del origen de esta contaminación con metales pesados. El año 2018, ciudadanos de Matarani, formularon denuncias, ante la OEFA, en contra de Tisur, por contaminación ambiental, afectación a la salud e inadecuado depósito y almacenamiento de minerales. Al igual que el caso de los niños afectados, no se tiene información, si por esta denuncia, la concesionaria del puerto de Matarani, tomó medidas para mitigar efectivamente, la contaminación y ser amigable con el ambiente.
En este año en curso 2026, en este mes de febrero, los vecinos de los AA.HH. El Pescador, Puerto Rico y otros, del distrito de Islay, percibieron desagradables e intensos malos olores, precisamente, en plena operación en el depósito y almacenes de minerales de Tisur, empresa que, con anticipación de cuatro años de culminación de la concesión por treinta años del puerto otorgada en 1999, le han prorrogado por otros treinta años más, hasta el año 2059, hecho muy cuestionado por diversos sectores y actores.
Cabe destacar, lo siguiente: los pobladores de Matarani han aceptado la inversión privada, vienen sosteniendo cordiales relaciones con la empresa Tisur, pero, han levantado su voz de protesta por la contaminación mediante gases, polvo y olores molestos, de responsabilidad de la empresa administradora del Puerto; tan es así, los propios vecinos han formulado denuncias ante diversos organismos y entidades públicas locales, regionales y nacionales; se han dado tareas de seguimiento de las denuncias, como de acudir a asesorías técnicas, legales e institucionales.
Los dirigentes de los AA.HH., no se niegan al diálogo, con los presuntos responsables de los malos olores, pero, ahora exigen resultados concretos e inmediatos. Le corresponde a la empresa atender los legítimos reclamos vecinales, cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental e involucrarse de verdad en el desarrollo integral del distrito, sin dádivas, sino con proyectos trascendentales de infraestructura y desarrollo de capacidades.