Arequipa atraviesa un momento crítico en materia de seguridad vial. La racha de accidentes ocurridos en los últimos días ha encendido las alarmas y expuesto, una vez más, las debilidades de nuestro sistema de transporte urbano. La ciudad parece estar atrapada en un círculo vicioso: exceso de unidades informales, choferes que no cumplen con estándares mínimos de capacitación y autoridades que, pese a los esfuerzos, no logran ejercer un control sostenido y eficaz.
La fiscalización actual se percibe insuficiente. Los operativos suelen ser esporádicos y más orientados a sancionar que a prevenir, lo que deja un vacío en la tarea de garantizar la seguridad de miles de pasajeros que dependen del transporte público cada día. Es urgente implementar mecanismos modernos de control, como monitoreo en tiempo real de velocidad y rutas, además de exigir revisiones técnicas estrictas y periódicas. La capacitación continua de los conductores debe dejar de ser una recomendación y convertirse en una obligación.
La responsabilidad, sin embargo, no recae únicamente en las autoridades. Los ciudadanos también deben asumir un rol activo: respetar las normas de tránsito, denunciar irregularidades y exigir un servicio seguro. El transporte público no puede seguir siendo visto como un negocio improvisado.
La racha de accidentes es un llamado de atención que no puede ser ignorado. Arequipa necesita una fiscalización más estricta, constante y transparente, que priorice la seguridad sobre cualquier interés económico. Solo así podremos transformar nuestras calles en espacios de movilidad confiable, donde la vida de los ciudadanos esté protegida y el transporte cumpla con su verdadera función: servir a la comunidad.
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