Hace un par de semanas, durante un operativo municipal para incautar productos de comerciantes ambulantes informales, un vehículo oficial de la municipalidad y varios efectivos de la Policía Municipal resultaron gravemente dañados luego de que los propios vendedores informales se enfrentaran a la autoridad con violencia. Hace un par de noches, inspectores de transporte urbano fueron agredidos verbalmente y empujados por conductores y peatones descontentos, viéndose obligados a refugiarse en el local municipal del Siglo XX. Estos episodios no son incidentes aislados, sino el síntoma de una crisis profunda que la gestión edil parece incapaz de enfrentar con eficacia y visión a largo plazo.
En cuanto al comercio ambulatorio, la municipalidad ha optado mayormente por operativos represivos, sin acompañarlos de medidas que ofrezcan alternativas viables a los miles de informales que encuentran en las calles su única fuente de ingresos. Esta visión cortoplacista no solo resulta ineficaz, sino que alimenta un círculo vicioso de violencia, precariedad y descontento.
En el caso del transporte, Arequipa enfrenta uno de los peores índices de congestión del país, con un parque automotor sobrecargado, rutas de transporte mal diseñadas y una débil fiscalización del servicio. La proliferación del transporte informal y la falta de inversión en infraestructura vial moderna han creado un entorno urbano hostil e ineficiente. La autoridad municipal, lejos de liderar un proceso de transformación con visión de ciudad, se ha limitado a administrar el caos.
Uno de los efectos más perniciosos de la actual situación es la pérdida de legitimidad de la autoridad municipal ante los ciudadanos. Cuando los operativos terminan en agresiones, destrucción de bienes públicos y retiro de inspectores por miedo a la violencia, el mensaje que se transmite es claro: la autoridad ha perdido el control de la ciudad. Esto mina la confianza ciudadana, fortalece a los grupos informales y erosiona el principio de legalidad.
El papel de la Policía Municipal también ha sido cuestionado, tanto por su limitada capacidad operativa como por la percepción de abuso de autoridad y corrupción en algunos casos. La ciudadanía no percibe una autoridad coherente, firme pero dialogante, sino una estructura burocrática que reacciona sin estrategia y que actúa con debilidad o con excesiva represión, dependiendo de las circunstancias.
Ante este escenario, es urgente que la municipalidad de Arequipa adopte una nueva estrategia basada en tres pilares fundamentales: planificación urbana estratégica, diálogo social y fortalecimiento institucional.
Arequipa necesita recuperar el orden, pero no puede hacerlo a través de la improvisación, la represión ni la indiferencia. Se requiere un liderazgo municipal con visión, compromiso y capacidad de diálogo. La violencia que hoy vemos en las calles es el reflejo de una ausencia de Estado, pero también una oportunidad para construir una nueva institucionalidad local.
La solución no está en más operativos, sino en más planificación. No está en más sanciones, sino en más oportunidades. La Ciudad Blanca tiene la capacidad de transformarse, pero necesita una gestión que no solo actúe, sino que piense. Que no solo ordene, sino que escuche. Que no solo gobierne, sino que sirva.
Solo así Arequipa podrá convertirse en una ciudad moderna, inclusiva y sostenible, donde el transporte no sea un caos y el comercio no se convierta en un conflicto, sino en una oportunidad para todos.
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