Lo escribí en mis redes sociales y lo desarrollo ahora: lo que vivimos el domingo pasado no fue más que la crónica de un caos anunciado. No se trata de un episodio aislado, sino del colofón de diez años de inestabilidad política y de la sistemática destrucción de la poca institucionalidad democrática que teníamos. Desde 2016, la coalición mafiosa encabezada por Fuerza Popular ha desplegado una estrategia de obstrucción, manipulación y captura de organismos clave, con el único propósito de perpetuar su influencia y control sobre el Estado.
En este contexto, las voces que hoy claman fraude no sorprenden. Son los mismos actores que, desde hace semanas, ya se sabían perdedores y que ahora buscan instalar un relato que les permita justificar su derrota. La narrativa del fraude, repetida sin pruebas (hasta ofrecen recompensas por ellas), no es más que un recurso desesperado para deslegitimar un proceso que, aunque complejo y con errores, debería terminar reflejando la voluntad ciudadana. A esta situación se suma un hecho particularmente grave: la injustificada intervención de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que, en medio del proceso electoral, lanzó una amenaza política directa contra el jefe de la ONPE. Este acto, lejos de ser una medida de fiscalización legítima, es una maniobra de presión alineada con los intereses de la misma coalición mafiosa. La institucionalidad se ve nuevamente vulnerada, pues quienes deberían garantizar la autonomía de los organismos electorales terminan siendo parte de la trama de injerencias. Como si ello fuera poco, también se reportó la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público en la sede central de la ONPE. Este tipo de acciones, en medio de un proceso tan delicado, no hacen más que alimentar la percepción de un Estado débil, capturado y con instituciones sometidas a intereses políticos claramente identificables. La ciudadanía observa con desconcierto cómo los organismos que deberían velar por la transparencia y la legalidad son objeto de intimidación. Es cierto que hubo atrasos. Es cierto también que se cometieron errores. Pero sería ingenuo atribuirlos únicamente a la gestión de Piero Corvetto. Él no es el único responsable. La responsabilidad recae también en quienes, desde hace una década, han debilitado las instituciones, manipulado las normas y convertido la política en un campo de batalla mafioso. Lo que hoy se vive es la consecuencia inevitable de esa estrategia: un país atrapado en la incertidumbre, con una democracia erosionada y con ciudadanos que, pese a todo, siguen apostando por el voto como herramienta de cambio.
El caos no es casualidad. Es el resultado de un proyecto político que ha hecho de la inestabilidad su principal arma y su hábitat natural. Y mientras no se desmonte la maquinaria mafiosa que las controla, seguiremos condenados a repetir esta triste historia.
