Después de la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, Venezuela intenta descifrar su futuro inmediato. El país entra en una etapa de definiciones aceleradas, marcadas por decisiones internas condicionadas desde el exterior.
El nombre que emerge con mayor fuerza es el de Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta y figura central del chavismo. El Tribunal Supremo de Justicia le ordenó asumir la Presidencia de forma interina, siguiendo lo previsto por la constitución venezolana.
Este relevo, aunque formalmente legal, no está exento de controversia. La legitimidad del Tribunal fue cuestionada en años recientes, lo que debilita la aceptación interna de una sucesión que, en los hechos, nace bajo tutela política externa.
Donald Trump confirmó que Rodríguez mantiene contacto directo con Washington y que su permanencia dependerá de seguir directrices estadounidenses. El mensaje es claro: no habrá ocupación militar si hay alineamiento político.
La oposición venezolana rechaza este escenario. Insiste en que la transición debe incluirla y reclama que Edmundo González, rival de Maduro en las elecciones de 2024, asuma el poder como salida democrática.
Este choque revela el núcleo del problema: Venezuela no enfrenta solo un cambio de gobierno, sino una disputa sobre quién tiene autoridad para conducir la transición y bajo qué reglas.
La situación es frágil. Un poder interino condicionado desde fuera puede evitar el vacío inmediato, pero no garantiza estabilidad ni consenso social, especialmente en un país exhausto por la crisis.
Más que nombres, el desafío es construir un proceso creíble, con participación amplia y sin imposiciones que prolonguen la confrontación. La transición venezolana apenas comienza, sus ciudadanos necesitan acciones.
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