La Municipalidad Distrital de Quilca expresó su rechazo al municipio de Islay - Matarani por promover actividades en Caleta Centeno, espacio que Quilca asegura pertenece históricamente a su jurisdicción territorial, generando un conflicto limítrofe con repercusiones administrativas y sociales en la región Arequipa.
El conflicto se intensificó tras la difusión invitaciones públicas por parte de la Municipalidad Distrital de Islay a la Caleta Centeno, donde afirman que dicha zona pertenece a su jurisdicción.
Ante ello, Quilca emitió un pronunciamiento categórico declarando que la zona “pertenece territorial, histórica y administrativamente al distrito de Quilca” y advirtió que Islay “carece de toda jurisdicción, competencia o facultad legal para organizar, promover o autorizar cualquier actividad” en ese lugar.
Según medios regionales, el origen de este conflicto se remonta a denuncias previas en las que la alcaldesa de Quilca, Yesenia Condori, afirmó que Islay estaría intentando administrar varias caletas, entre ellas Caleta Centeno, pese a que los límites fueron definidos por registros oficiales del Ejecutivo y el INEI.
“Hay mucho desconocimiento”, declaró Condori, subrayando que las caletas forman parte de Quilca y que se ha presentado denuncias formales por estos intentos de apropiación, que habría surgido a partir de los 17 años en que Quilca estuvo bajo la tutela de Islay, para que esta pueda convertirse en provincia.
Previamente, surgieron reportes de tensiones cuando trabajadores municipales de Quilca retiraron señalizaciones y banderas colocadas en la vía de acceso a Caleta Centeno, acusando a Islay de realizar obras y decoraciones en un tramo que, según Quilca, está fuera de su jurisdicción.
Frente a esta situación, la municipalidad de Quilca ha solicitado que instancias como la Procuraduría Provincial, la Subprefectura de Camaná y Defensa Civil actúen para garantizar el respeto de los límites territoriales vigentes y evitar intromisiones administrativas.
“La defensa de nuestra jurisdicción no es una opción política: es una obligación legal y moral con nuestro pueblo”, concluyó el pronunciamiento emitido el 13 de febrero de 2026.
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