Un niño de la comunidad de Oyara, en el sector Sijitay del distrito de Vilcabamba en Cusco, fue víctima de violación sexual. Su madre denuncia que el presunto agresor, Román Mamani, podría salir en libertad por la inacción de la Fiscalía y la ausencia de medidas básicas como la cámara Gesell. A pesar de tener antecedentes por delitos similares, el detenido estaría a punto de quedar libre, exponiendo a nuevas víctimas.
“El caso ocurrió el martes 5 de agosto. Mi hijo fue amenazado de muerte si hablaba. El agresor salió de prisión, volvió a la zona y atacó a otro niño. Lo detuvieron, pero tememos que lo liberen. A mi hijo ya lo abusó varias veces y recién me contó”, relata la madre con temor.
El menor fue atendido por la Policía, pero no ha recibido protección psicológica ni seguimiento legal. Mientras tanto, la familia vive atemorizada por posibles represalias, pues el agresor los amenazó de muerte, según la progenitora. La madre afirma que un año ha solicitado sin éxito atención por parte del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer.
En Vilcabamba no hay Fiscalía operativa, ni cámara Gesell accesible, ni equipo de medicina legal. “Nos ignoran por ser gente humilde. Aquí no hay justicia”, reclama. La situación evidencia una grave brecha territorial en el acceso a derechos.
La comunidad exige que el presunto violador no sea liberado y que el Estado actúe de inmediato para proteger al menor y su familia. “No queremos más violencia ni más impunidad. No somos invisibles”, concluye la madre.
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