El Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido de la Fiscalía, dictó tres meses de prisión preventiva contra Samuel Rodríguez Villa, joven de 22 años que participó en las denominadas ‘Marchas de la Generación Z’, realizadas el 20 y 21 de septiembre. La decisión fue adoptada pese a que la defensa presentó pruebas de arraigo que, según señalaron, contradecían la tesis policial de peligro de fuga.
Rodríguez fue acusado de ejercer violencia contra la autoridad, pero su abogado Rodrigo Noblecilla afirmó que la medida es desproporcionada. “Se ha enviado a Samuel a prisión pese a que el Decreto Legislativo 1585 —aplicado en su momento a Kenji Fujimori— señala que la pena efectiva debe ser excepcional y reservada para delitos graves con sanciones mayores a diez años. En otras palabras, quienes saquean al país reciben un trato con guantes de seda, mientras a un joven de 21 años se le impone prisión preventiva como escarmiento”, cuestionó el letrado en sus redes sociales.
El abogado también difundió un informe médico del Instituto de Medicina Legal, donde se certifica que Rodríguez presenta lesiones traumáticas corporales, presuntamente ocasionadas por la represión policial. Durante las protestas del 20 de septiembre, el joven resultó herido en la mano por el impacto de un perdigón, hecho confirmado por su compañera Mireya Carhuas, quien relató que la herida se agravó pese a la atención inicial de brigadistas.
El caso de Samuel Rodríguez ha generado indignación entre colectivos juveniles y defensores de derechos humanos, quienes sostienen que la prisión preventiva busca intimidar a los manifestantes. Mientras tanto, la Fiscalía deberá sustentar en el proceso si existen elementos sólidos que justifiquen la acusación de violencia contra la autoridad.
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