El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca ordenó siete meses de prisión preventiva contra el médico Edson Ito P., investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de dos mujeres que acudieron a un establecimiento de salud para realizarse exámenes médicos ocupacionales. La medida fue solicitada por el Ministerio Público y busca garantizar el desarrollo de las investigaciones mientras continúa el proceso judicial.

Según la tesis fiscal, los hechos habrían ocurrido el 7 de julio de 2026 en el Policlínico SANAFE, ubicado en Juliaca, cuando el investigado habría aprovechado su condición de profesional de la salud para realizar presuntos actos de connotación sexual que no guardaban relación con las evaluaciones médicas practicadas a las pacientes, vulnerando presuntamente sus derechos y su libertad sexual.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Andrea Quispecondori Calcina, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, presentó diversos elementos de convicción, entre ellos las declaraciones de las agraviadas, certificados médico-legales, pericias psicológicas, actas de intervención policial, diligencias de inspección y pericias de criminalística, pruebas que fueron valoradas por el órgano jurisdiccional al momento de emitir su decisión.

El juzgado también consideró que se cumplían los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, como la existencia de graves indicios, una posible condena superior a cinco años de prisión y riesgos procesales que justifican la aplicación de una medida de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Con esta resolución, el investigado permanecerá recluido por un plazo de siete meses, periodo en el que la Fiscalía continuará recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes. El Ministerio Público reiteró su compromiso de investigar con objetividad los presuntos delitos contra la libertad sexual y garantizar la protección de las víctimas dentro del marco del debido proceso.