El Poder Judicial dispuso cuatro meses de prisión preventiva contra Cristian Choquecota Grandes (22), Jim César Esteban Coa (27) y el ciudadano colombiano Schneider Montoya Córdoba (24), quienes son investigados por su presunta participación en una organización criminal dedicada al robo y receptación de motocicletas en Tacna. La medida fue obtenida por el Octavo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que sostiene que existen suficientes elementos para vincular a los imputados con los delitos de receptación agravada, banda criminal y tenencia ilegal de armas y municiones.

Las investigaciones se iniciaron tras el hurto de varias motocicletas reportado el pasado 17 de junio. Durante un operativo ejecutado en el sector El Chastudal, agentes policiales intervinieron a los sospechosos y encontraron en poder de uno de ellos un revólver marca Colt's abastecido con cinco municiones. Posteriormente, las diligencias de allanamiento permitieron incautar autopartes, accesorios vehiculares y otros objetos que, según la Fiscalía, serían evidencia del presunto desmantelamiento de unidades robadas.

De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados integrarían la banda criminal conocida como "Los rápidos de Ciudad Nueva", la cual habría operado utilizando terrenos alejados como centros de almacenamiento y resguardo de motocicletas sustraídas. "Los imputados cumplían funciones específicas de recepción, custodia y ocultamiento de vehículos robados", sostiene la investigación dirigida por el fiscal Abraham Apaza Coronel.

Los tres sospechosos fueron detenidos inicialmente por siete días mientras se desarrollaban las primeras diligencias de investigación. La recopilación de nuevos elementos de convicción permitió al Ministerio Público solicitar la prisión preventiva para evitar riesgos durante el proceso y continuar con la identificación de otros posibles integrantes de la presunta organización delictiva.

Con esta medida, la Fiscalía contará con un plazo de cuatro meses para realizar peritajes tecnológicos, analizar los dispositivos incautados y fortalecer la investigación penal. Los procesados permanecerán privados de su libertad mientras avanzan las diligencias, aunque conservan el derecho de apelar la decisión judicial conforme a la legislación vigente.