El temor se ha instalado en las calles, los negocios y los hogares. En distintos distritos de Lima y regiones del país, las extorsiones se han vuelto parte de la rutina diaria. Llamadas, mensajes y ataques armados mantienen en zozobra a comerciantes, transportistas y familias enteras.
Las mafias no distinguen ocupaciones ni niveles económicos. Los ataques con explosivos, las amenazas por teléfono y los cobros ilegales se multiplican sin control. En los últimos meses, la Policía ha contabilizado más de 20 mil denuncias por extorsión, un incremento del 40 % respecto al año anterior.
El sector transporte figura entre los más golpeados. En Carabayllo, un conductor fue atacado a balazos junto a sus pasajeros; en San Martín de Porres, una vivienda usada como gimnasio terminó con las lunas destruidas tras recibir más de diez disparos. Más de quince mil transportistas protestaron para exigir mayor seguridad, denunciando la falta de protección. “En vez de desarticular a las bandas, quieren normalizar el pago de cupos”, criticaron los conductores y empresarios afectados.
El terror también alcanzó a la farándula. La bailarina Deisy Araujo sufrió un ataque con explosivos en su vivienda tras negarse a pagar 50 mil soles exigidos por extorsionadores. “Dejé de ir al gimnasio, de salir a la tienda, ni siquiera podía acompañar a mi hijo al colegio. Sentía que me vigilaban todo el tiempo”, relató. A ella se suma Yuliana Rengifo, quien recibió amenazas mientras preparaba una gira internacional. “Me decían que sabían dónde vivían mis hijas y que podían poner una bomba en la casa de mi tía”, contó la cantante.
En los mercados, la extorsión se ha vuelto parte del costo de operar. Una madre de familia, cuya identidad se mantiene en reserva, confesó entre lágrimas: “Mi hija me dice que me abraza por última vez antes de salir. Le tengo que pedir que no se siente cerca del chofer por miedo a un ataque”. Según la Policía, el 80 % de las llamadas extorsivas proviene de los penales, lo que refleja la falta de control en los centros de reclusión.
Mientras las víctimas claman por seguridad, en el Congreso el parlamentario Gustavo Cordero, de Somos Perú, propuso que los pagos de cupos puedan deducirse del Impuesto a la Renta, argumentando que busca reconocer las pérdidas de quienes pagan bajo amenaza. La propuesta ha sido calificada como “descabellada” por amplios sectores. En medio de la indignación ciudadana, el Gobierno evalúa declarar el estado de emergencia y aplicar toques de queda para frenar la ola delictiva que mantiene al país en vilo.
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