El Poder Judicial dictó ocho años de prisión efectiva contra Guillermo Canaza, presidente de la comunidad campesina de Yuco, tras ser hallado responsable del delito de minería ilegal agravada. La sentencia fue emitida luego del requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, dirigida por el fiscal Federico Chávarry, quien sustentó que el dirigente ejecutó actividades extractivas sin autorización y en perjuicio del ambiente.
Además de la condena, el Poder Judicial dispuso su inhabilitación por ocho años para realizar actividades mineras y ordenó el pago de S/ 30 mil como reparación civil a favor del Estado peruano. Durante el proceso, la Fiscalía presentó diversos elementos probatorios, como testimonios, fotografías, pericias e informes técnicos, que demostraron la responsabilidad penal de Canaza. Según los antecedentes expuestos, desde 2018 el sentenciado extrajo de manera ilegal arena del río Coata, un recurso no metálico que luego era comercializado sin contar con la autorización correspondiente.
El Ministerio Público detalló que estas acciones afectaron gravemente el cauce y la faja marginal del río. Para ello, Canaza empleó maquinaria pesada y volquetes, lo que incrementó el daño ambiental.
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