La inhabilitación por 10 años de la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza, aprobada el 25 de noviembre por la Comisión Permanente del Congreso, desató críticas dentro y fuera del país. Expertos y organizaciones advierten que la decisión compromete el Estado de derecho. También alertan que podría debilitar la lucha contra el crimen organizado.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, expresó “profunda preocupación” por lo que considera una ofensiva para obstaculizar la labor de Espinoza. Advirtió que los procesos disciplinarios, su suspensión y la reducción de su seguridad ponen en riesgo la independencia judicial.
“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso (...) supone una amenaza directa para la integridad e imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”, señaló.
MAGISTRADOS. La relatora de la ONU recordó que los jueces no deben sufrir represalias por el contenido de sus decisiones judiciales e instó a todos los actores, especialmente a la Junta Nacional de Justicia, a respetar la independencia judicial y garantizar que los procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales no se instrumentalicen.
“La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia. Las normas internacionales establecen que el personal judicial debe poder desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas. Hay un esfuerzo organizado para obstaculizar”, manifestó.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
