La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, pidió a la Municipalidad de Lima que le pague su “defensa legal institucional” en el proceso penal que se le sigue por presunta colusión agravada y negociación incompatible, en el otorgamiento de valorizaciones adicionales a favor del Consorcio Villa en la obra recuperación de la plaza de la bandera.
A través de un documento formal con fecha del 16 de julio, la exburgomaestre de la comuna limeña pide que se le brinde este concepto de apoyo legal, evaluada al amparo del artículo 35 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 154 del Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM, regulado para exautoridades.
“En mi calidad de exalcaldesa de la MML y expresidenta del Comité Directivo de Invermet, con la finalidad de solicitar, (...) que se me brinde defensa legal institucional, conforme a las disposiciones vigentes”, se lee en el documento enviado por Villarán.
Su planteamiento es porque se trata de hechos vinculados directamente al ejercicio de su cargo, por tanto, la entidad debería asumir temporalmente los costos de su defensa jurídica. La propuesta no solo involucra la contratación del abogado, sino también la autorización institucional para proceder con el acuerdo.
DEBATE. La Municipalidad de Lima deberá evaluar si autoriza o no el financiamiento solicitado. Este tipo de solicitudes suelen pasar por una revisión legal y administrativa que involucra informes de la Procuraduría Municipal y de otras instancias internas.
De autorizarse, se establecerían mecanismos de control y fiscalización del gasto, así como condiciones para un eventual reembolso. No obstante, la decisión final dependerá de si se considera que la defensa está vinculada de forma legítima al ejercicio de la función pública.
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