Más de 262 mil familias agricultoras que trabajaron por años en terrenos sin títulos de propiedad serán beneficiadas con la nueva ley aprobada por el Congreso.
La norma, impulsada por la congresista Esmeralda Limachi, facilita la formalización de predios rurales destinados a actividades agropecuarias, brindando seguridad jurídica y acceso a títulos de propiedad.
La ley 32267 amplía el plazo de posesión de predios rurales del Estado hasta el 31 de diciembre de 2021 y agiliza los procesos de titulación, en especial en terrenos en litigio.
Además, exonera a Cofopri y a las municipalidades de pagos por procedimientos de formalización hasta 2026 y establece que, en casos específicos, la información gráfica levantada en campo prevalezca sobre la del registro de predios.
La aprobación de la ley fue celebrada con emoción por los agricultores, especialmente por aquellos que viajaron desde Tacna hasta Lima para presenciar el momento histórico.
“Ahora sí podremos decir que estas tierras son nuestras de verdad. Esto es un sueño hecho realidad”, expresó un agricultor entre lágrimas. Otra agricultora añadió: “Gracias a esta ley, podemos dejarles algo seguro a nuestros hijos. Es una gran esperanza para nosotros”.
Con la publicación de la Ley 32267, se faculta a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) a permutar terrenos del Estado con propiedades privadas ocupadas por posesiones informales de más de 10 años.
Frente a críticas que señalan que la norma podría fomentar invasiones, el congresista Edgar Tello negó rotundamente esta posibilidad. Explicó que Cofopri verificará casa por casa la situación de los posesionarios para garantizar un proceso ordenado sin intermediarios.
“Cofopri se encargará de verificar si realmente son posesionarios. Aquellos que lo sean serán censados y la titulación se realizará de manera directa. Aquí no habrá intermediarios (los dirigentes)”, declaró Tello a Radio Uno.
Los reglamentos de la norma deberán ser adecuados en un plazo de 90 días hábiles, asegurando un proceso de formalización transparente y eficiente en beneficio de miles de familias agricultoras en el país.
La nueva ley fue impulsada por el gobernador regional, Luis Torres Robledo.