La expansión de la minería ilegal ya alcanza reservas naturales, áreas de conservación y cabeceras de cuenca en diversas regiones del país, poniendo en riesgo ecosistemas estratégicos, fuentes de agua y territorios indígenas. Reportes oficiales, intervenciones fiscales y monitoreos satelitales evidencian el avance de esta actividad en Arequipa, Puno, Huánuco, Loreto, Junín y Ucayali.

Uno de los casos más preocupantes se registra en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en Arequipa, donde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha intervenido campamentos y bocaminas instalados dentro del área protegida. Situaciones similares ocurren en la Reserva Comunal El Sira, entre Huánuco, Pasco y Ucayali, así como en el Área de Conservación Privada Panguana, donde las actividades ilegales afectan bosques amazónicos y generan conflictos con las comunidades.

En Loreto, la minería ilegal fluvial continúa expandiéndose sobre el Área de Conservación Regional Alto Nanay–Pintuyacu–Chambira, principal fuente de agua para Iquitos. Aunque las autoridades han ejecutado operativos contra dragas y maquinaria, persiste la preocupación por solicitudes de concesiones mineras en la cuenca del río Nanay, mientras el Parque Nacional Yaguas también figura entre las zonas vulnerables al avance de la extracción ilegal.

La problemática también alcanza a La Rinconada, en Puno, donde la explotación aurífera continúa impactando cabeceras de cuenca y ecosistemas altoandinos, y al Área de Conservación Regional Huaytapallana, en Junín, donde las autoridades buscan excluir registros mineros que podrían comprometer fuentes hídricas del valle del Mantaro. 

Especialistas advierten que el avance de la minería ilegal supera la capacidad de respuesta del Estado y representa una amenaza creciente para la conservación ambiental y la seguridad de los recursos naturales del país.