La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, inspeccionó este domingo 3 de agosto y sin previo aviso la zona de influencia de la mina Aruntani SAC y constató que el río Coralaque está siendo contaminado por vertimientos tóxicos.
Desde el mismo tajo de la unidad minera Florencia Tucari, reclamó acciones inmediatas al Gobierno central y denunció la falta de fiscalización estatal.
El panorama era desolador. En los afluentes Apostoloni Margaritani, Titire y Aruntaya, el agua ácida ha reemplazado al cauce natural.
La fauna desapareció. Las comunidades ya no tienen agua potable ni pastos para su ganado.
“La vida está en riesgo. Esta mina opera sin control ni remediación”, denunció la gobernadora, quien responsabilizó directamente a los ministerios de Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura por incumplir sus compromisos.
“No hay monitoreo, no hay supervisión. ¿Qué esperan para actuar?”, expresó con firmeza.
Gutiérrez Ayala fue enfática al exigir el cierre técnico de la planta de tratamiento de aguas ácidas, cuya inoperancia agrava la emergencia.
También pidió declarar la zona en régimen de excepción para implementar medidas urgentes de mitigación ambiental.
En respaldo, el alcalde de Carumas, Edgar Escobar Nina, denunció que decenas de familias han perdido su modo de vida: ya no pueden criar alpacas ni habitar en condiciones dignas en Aruntaya y Titire.
Desde las comunidades campesinas, la indignación crece. Fernando Quispe Cosi y Simón Huarachi Ponce, líderes locales, coincidieron en emplazar a la presidenta Dina Boluarte: “El Estado no puede seguir ignorando esta tragedia. Exigimos el cierre definitivo de la mina y un plan real de remediación para salvar nuestros ríos”. Mientras el río Coralaque agoniza, Moquegua se levanta para defender su derecho a vivir en un ambiente sano.
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