¡Indignante pero real! El Gobierno Regional de Moquegua vuelve a presionar al Hospital Regional para transferir S/ 2,761,023.00 bajo el pretexto de cubrir planillas CAS. Esta vez, el pedido proviene del gerente general Abraham Ponce Sosa, a través del Memorando N.º 294-2025-GRM/GGR. Aunque asegura que esta medida no afectará los servicios de salud, los documentos revelan que los fondos se usarían en áreas ajenas al hospital, como la Dirección de Transportes, la Subregión Ilo y oficinas centrales del GORE. La maniobra ha sido calificada como un uso indebido de recursos críticos para la atención médica.
El historial no es alentador: solo en el primer trimestre de 2025 ya se transfirió medio millón de soles del hospital al GORE. En 2024, bajo la misma gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, se aprobó otra transferencia por más de S/ 4.7 millones. Esta práctica reiterada sugiere una estrategia sistemática de usar el presupuesto de salud como fondo de emergencia administrativo, mientras el hospital enfrenta escasez de personal, medicamentos y equipos.
Los sindicatos han alzado la voz. En un comunicado conjunto, denunciaron que esta presión para desviar fondos vulnera la autonomía del hospital y representa un golpe directo a la atención de los pacientes. Señalan que servicios como Oncología y Hemodiálisis no cuentan con personal suficiente, y que los fondos pretendidos son esenciales para el pago de guardias y contratos CAS. Se declararon en alerta permanente y no descartan acciones legales o protestas si el gobierno regional insiste en la transferencia.
El director del hospital, Dr. Kokenson Vilca Maquera, se mantiene firme: “Ese dinero tiene un destino normativo claro y no puede usarse en otras áreas”. Afirmó que ya se inició la contratación del personal médico con esos fondos y que no accederá al pedido del GORE. Sin embargo, el gerente Ponce continúa insistiendo, sin base técnica sólida, en una acción que podría constituir malversación de recursos públicos. Mientras tanto, la salud de miles de moqueguanos sigue en riesgo, víctima de decisiones políticas ajenas a las verdaderas prioridades de la región.
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