El Juzgado Transitorio de Violencia Familiar de Ilo dictó medidas de protección a favor de A.C.V.L., un adulto mayor de 86 años de lengua aymara y con discapacidad motora, garantizando así su derecho a la justicia en condiciones de igualdad. La audiencia fue conducida por la jueza de familia, Alení Díaz Pomé, quien empleó el idioma natural del usuario para asegurar la comprensión plena del proceso judicial.
La diligencia contó con el apoyo del servidor judicial Edwin David Canahuire Callalla, quien ofició como traductor, y del secretario judicial Kevin Chalco Mamani, lo que permitió desarrollar un procedimiento con enfoque de accesibilidad e inclusión. “Este hecho constituye un precedente en el cierre de brechas para garantizar la justicia a personas en situación de vulnerabilidad”, destacó la magistrada.
Las medidas preventivas se dictaron tras la denuncia de presuntos actos de violencia psicológica y económica ejercidos por la hija y el yerno de la víctima. Además, el juzgado dispuso que el adulto mayor reciba terapia psicológica especializada para superar los hechos de violencia sufridos.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 30364, en noviembre de 2015, el Poder Judicial ha registrado casos similares en Ilo, reflejando un compromiso firme contra la violencia familiar y de género. “Nuestro deber es acercar la justicia a la ciudadanía y garantizar atención prioritaria a las poblaciones vulnerables”, subrayó la jueza Díaz Pomé.
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