La violencia empañó la ciudad de Puno, luego de que el juez Guido Armando Chavarría Tisnado, titular del Tercer Juzgado Civil de Puno, fuera brutalmente agredido por manifestantes de Juliaca, el viernes 6 de junio. La turba exigía revertir una medida cautelar emitida por el magistrado -el pasado 9 de mayo-, relacionada con los terrenos del futuro Colegio de Alto Rendimiento (COAR), lo que generó un conflicto social y jurídico.
La Corte Superior de Justicia de Puno se pronunció condenando de forma categórica el hecho, al considerarlo un agravio a la integridad personal del magistrado y a la autonomía de la judicatura.
El comunicado reitera que las decisiones judiciales deben ser respetadas y protegidas, y reafirma el compromiso con una justicia firme, imparcial y libre de coacción. Las acciones legales contra los responsables ya están en curso.
A su vez, La Fiscalía de Puno, mediante un comunicado oficial, expresó su repudio al ataque físico y verbal sufrido por el juez Chavarría, subrayó que esta agresión atenta contra la independencia del Poder Judicial.
“En un estado constitucional de derecho, cualquier desacuerdo con una resolución debe canalizarse por vías procesales, no con violencia”, señala el documento.
Cabe señalar que, antes de la agresión, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial había suspendido al juez Chavarría desde el 5 de mayo. No obstante, el magistrado emitió la medida cautelar el 9 de mayo, lo que ha generado controversia sobre la legalidad de dicha resolución.
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