La minería ilegal se expande sin control en zonas ribereñas de Puno, agravando la inseguridad, los delitos ambientales y los conflictos sociales. El gobernador regional, Richard Hancco Soncco, advirtió sobre esta situación crítica y solicitó la intervención urgente del Ministerio Público y la Policía Nacional. Según declaró, la región necesita una respuesta contundente del Estado ante un fenómeno que está desbordando la capacidad regional.
Hancco señaló que el foco de mayor riesgo se ubica en zonas como La Rinconada, donde, pese a las evidencias de actividades ilícitas, persiste la resistencia de algunos sectores de la población frente a medidas de control. “A veces nos llama la atención si queremos o no un orden”, declaró con preocupación. El gobernador explicó que ya se pidió la declaratoria de emergencia en estas áreas para facilitar acciones operativas inmediatas.
En 2023, el Gobierno Regional de Puno entregó camionetas a la Policía Nacional con el fin de reforzar las labores de inteligencia. Sin embargo, Hancco aclaró que la lucha contra la minería ilegal no es competencia directa de los gobiernos regionales.
“Es responsabilidad del Ministerio Público y la Policía intervenir. Nosotros hemos cumplido con articular esfuerzos, pero tenemos limitaciones”, señaló.
El gobernador exigió además que se fortalezcan las fiscalías especializadas y se actúe con mayor celeridad, ya que, en muchos casos, las pruebas son evidentes.
“No necesito una declaración del imputado. Basta con que esté en el río para saber que está cometiendo un delito”, subrayó. Mientras tanto, la minería ilegal continúa avanzando, dejando a su paso ríos contaminados, territorios en disputa y comunidades expuestas a la violencia.
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