Las recientes declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui y la controversia en torno al refugio ‘La Casa del Padre’ han vuelto a poner en agenda el caso de A.S.P., una joven que buscó protección tras denunciar abuso familiar y terminó asesinada en 2023. El feminicidio ocurrió meses después de que escapara del Centro de Acogida Residencial (CAR) en Cieneguilla, administrado por la congregación evangélica vinculada a la parlamentaria. El caso, que ya había generado impacto nacional, vuelve a encender el debate sobre la supervisión de albergues para menores víctimas de violencia.
En junio de 2023, el cuerpo decapitado y semidesnudo de una mujer fue hallado en las afueras de Ciudad de Constitución, en Oxapampa. La identificación fue posible gracias a sus huellas registradas en el sistema policial como menor fugada del albergue un año antes. Según reveló en su momento el semanario Hildebrandt en sus trece, el padre de la adolescente denunció que un hermanastro abusaba de ella desde niña. Ante la falta de respuesta institucional, fue la propia joven quien solicitó ser internada en un refugio. Sin embargo, meses después pediría su traslado alegando maltrato por parte de tutoras.
Antes de huir en enero de 2022, dejó cartas dirigidas a personal del centro. “No entiendo por qué me trató así sin conocerme (...) traté de acercarme a usted”, escribió en uno de los mensajes. Tras su fuga, regresó brevemente a Pozuzo, pero rechazó volver al albergue. Sin acompañamiento efectivo del sistema de protección, se trasladó a Oxapampa, donde, según hipótesis policiales, habría sido captada por una red de trata de personas. El crimen se produjo poco después de cumplir los 18 años, cerrando una cadena de omisiones que hoy vuelve a cuestionarse.
El caso no sería aislado. En enero de 2024, tres menores —dos hermanas de 15 y 16 años y otra adolescente de 15— desaparecieron simultáneamente del mismo refugio. El medio La Encerrona informó que hasta la fecha no se conoce su paradero y que la administración del centro eliminó sus redes sociales tras el escándalo. Estas nuevas alertas han reavivado las exigencias de mayor fiscalización estatal sobre los centros de acogida, en un contexto donde la violencia contra menores y los feminicidios siguen siendo una grave problemática en el país.
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