Perú

Sentencian a tres exfuncionarios de la Municipalidad de Mariscal Nieto por corrupción en licitación pública

La Fiscalía Anticorrupción logró condenas de hasta nueve años de prisión para exfuncionarios que falsificaron documentos y direccionaron una obra educativa en perjuicio del Estado.

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Sentencia. Fue lograda tras pedido de Fiscalía.
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El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios consiguió una sentencia condenatoria contra tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, quienes participaron en irregularidades durante un proceso de licitación pública en 2016. El fiscal provincial Walker Fredy Ríos Calizaya, junto al fiscal adjunto Sergio Stiven Flores Vargas, acreditaron en juicio oral que los implicados utilizaron documentos falsos y direccionaron una contratación en perjuicio del Estado.

El exsubgerente de Logística y Servicios Generales, Óscar Miguel Domínguez Abarca, fue encontrado responsable del delito de uso de documento privado falso y de negociación incompatible, debido a que presentó cotizaciones falsificadas como parte del estudio de mercado de una licitación. 

Junto a él también fueron sentenciados Freddy Javier Rojas Aguirre y Wilber Cristhian Cuayla Santos, quienes conformaron el comité de selección del proyecto de obra denominado “Instalación del servicio educación inicial N.° 353 en la junta vecinal Unión Pueblo Libre del centro poblado de Chen Chen”. La Fiscalía probó que los acusados mostraron interés indebido para beneficiar a una empresa constructora, pese a que esta no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos. 

La sentencia impuesta por la Corte Superior de Justicia establece que Óscar Domínguez cumplirá 9 años y 8 meses de pena privativa de la libertad, mientras que Rojas Aguirre y Cuayla Santos cumplirán 4 años y 8 meses de prisión. Además, los tres quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo de condena.

Como parte del fallo, los sentenciados deberán pagar S/ 60,750 por concepto de reparación civil a favor del Estado. Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso de perseguir y sancionar los actos de corrupción que afectan los recursos públicos y la confianza ciudadana.
 

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