Samuel Vincent Rivera, ciudadano peruano y padre de tres hijos, murió abatido por policías que cumplían su labor tras una persecución ocurrida en la vía Tacna–Palca, el pasado 28 de mayo. Su caso genera discusión pública: mientras su familia lo considera víctima de abuso de poder, la normativa peruana establece que los conductores deben detenerse obligatoriamente cuando una autoridad lo indica, lo cual Rivera no hizo. La razón de la fuga parece ser clara: al interior del vehículo, de placa chilena, se transportaba presunto contrabando.
La viuda, Norka Beltrán Chura, denunció que su esposo “no llevaba nada” y que solo trabajaba viajando entre Perú y Chile. Sin embargo, el operativo se realizó como parte de un control de rutina por delitos aduaneros.
La Policía señaló que Rivera hizo caso omiso a la señal de alto y huyó, por lo que se activó el protocolo de persecución. En ese contexto, el suboficial Blas C. H. disparó con su arma reglamentaria, impactando al conductor, quien falleció por una perforación de bala en el pulmón.
El cuerpo fue hallado a 30 metros de la furgoneta, lo que indica que el disparo se habría producido mientras intentaba escapar a pie. Ante este hecho, la Fiscalía escuchó la queja de la familia e inició una investigación preliminar por presunto homicidio simple contra el policía involucrado y otros posibles responsables.
Además, solicitó el informe de inspección técnica, revisión de cámaras de vigilancia y pruebas balísticas para determinar si se respetaron los protocolos de uso de la fuerza o la víctima huyó para ocultar algo ilícito, hecho que tal vez la familia no conocía.
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