Amenazas y graves agresiones como enterrarla en un zanja, son los ataques que sufre Filomena Alarcón por más de diez años, porque dirigentes de su sector le niegan gozar de agua potable, desagüe y electricidad. Su historia refleja la crudeza de la exclusión urbana y ocurre en el asentamiento “Villa El Puentecito” en Gregorio Albarracín (Tacna).
La madre hizo la denuncia pública que dirigentes de su asociación no permiten que tenga acceso a los servicios básicos, alegando deudas que nunca le fueron notificadas formalmente.
Desde la pandemia, su vida está marcada por el dolor de perder a su esposo y la falta de respuestas de autoridades y empresas prestadoras de servicios.
“Intentamos hacer la conexión por nuestra cuenta y nos atacaron. Me enterraron en la zanja, golpearon a mi hijo con piedras. Vivimos sin agua, con cinco niños. Es inhumano”, relató entre lágrimas.
Filomena asegura haber entregado documentos a EPS Tacna, enviado cartas notariales al presidente de la asociación, Jorge Domínguez, y acudido a instancias legales sin recibir solución.
Incluso denunció que el fiscal Wilfredo Calisaya atendió su caso después de dos años y minimizó la gravedad de su situación.
Hoy, la familia sobrevive con un panel solar que solo provee luz hasta las 18:30 horas, afectando las tareas escolares de sus hijos, incluido uno que estudia en la universidad. La falta de servicios básicos limita su calidad de vida y agrava su vulnerabilidad.
Filomena pide a gritos que se respete su derecho a vivir con dignidad. Exige que se aceleren las investigaciones, que se garantice el acceso a servicios y que cesen las represalias.
“¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Un año más? ¿Dos? Pido justicia por mis hijos”, concluyó su denuncia entre lágrimas.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
