Cinco estudiantes de la Universidad Andina del Cusco (UAC) enfrentan un proceso disciplinario tras haber participado en una protesta pacífica contra casos de acoso sexual dentro de su casa de estudios. La manifestación, realizada el 13 de diciembre de 2024, exigía justicia ante denuncias comprobadas de hostigamiento por parte de tres docentes, quienes ya fueron separados de manera definitiva debido a la gravedad de los hechos.
Lejos de reconocer el valor cívico de los manifestantes, las autoridades universitarias activaron el pronunciamiento n.º 007-2025-TH-UAC, con el cual el Tribunal de Honor acusa a los estudiantes de afectar la imagen institucional. La comunidad universitaria y diversas organizaciones sociales califican esta medida como revictimizante y autoritaria, advirtiendo que se trata de un castigo velado contra quienes se atreven a exigir cambios.
El contexto agrava la situación: los estudiantes implicados son figuras activas en las próximas elecciones universitarias, ya sea como personeros, promotores u observadores. Esto ha despertado sospechas sobre un uso político del reglamento para intimidar voces críticas y frenar la participación juvenil organizada, bajo el pretexto del orden institucional. La universidad, en lugar de garantizar espacios seguros y democráticos, parece ensayar mecanismos de censura interna.
Diversos sectores hacen un llamado urgente a instituciones como la Defensoría del Pueblo, Sunedu y el Ministerio de la Mujer para que tomen cartas en el asunto.
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