El 1 de julio del 2024 inició el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros 40 acusados por el caso Cócteles. Luego de más de seis meses de ese hecho, este lunes 13 de enero el Poder Judicial anuló todo lo avanzado y ordenó que se formule una nueva acusación contra todos los investigados.
Esta decisión se dio luego que la defensa legal de la fujimorista pidió que se anule el proceso basado en una sentencia del Tribunal Constitucional, que ordenaba la misma medida a favor del dirigente de dicho partido, José Chlímper.
Según la resolución se habría vulnerado el principio de legalidad procesal, pues en la acusación se habría incluido hechos distintos a los expuestos durante la investigación preparatoria. En consecuencia no permitieron conocer de manera oportuna los cargos que se le imputaban al acusado. Esta sentencia fue aprovechada por los demás investigados.
El fiscal a cargo José Domingo Pérez apelará a la decisión para que el juicio continúe. En caso no proceda así, tendrán que retornar a la etapa intermedia donde se formulará una nueva acusación, que debe superar nuevos filtro e iniciar un nuevo juicio en su contra.
El abogado Luciano López indica que la anulación del juicio es responsabilidad de la Fiscalía y el juez Víctor Zúñiga Urday.
“El magistrado Zúñiga dejó que pase a juicio oral cuando otra Fiscalía dijo que no había delito fuente. Me consta que su trabajo fue más que deficiente. El caso debe pasar a otro juez”, aseguró el letrado.
Mientras que el abogado penalista Luis Lamas, aseveró que ahora los fiscales deben ser escrupulosos al formular la nueva acusación.
“Lo que se busca ahora es verificar si la acusación presentada por la Fiscalía cumple con los requisitos mínimos para que el juicio continúe”, indicó a canal N.
Ambos letrados indican que este fallo no declara inocente a los investigados, sino que se ordena un nuevo análisis de la acusación presentada por el Ministerio Público.
A Fujimori y demás se les investiga por lavado de activos y en la campaña presidencial del 2016 habría recibido aportes ilícitos de empresas como Odebrecht y otros.
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