A fin de silenciar las especulaciones, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Portugal, negó que haya tratado de intimidar al cirujano plástico Mario Cabani, quien no asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles 11 de junio, alegando una coacción por parte de la mandataria para no declarar sobre las cirugías estéticas a las que la sometió.
El letrado desestimó las declaraciones de Cabani y negó cualquier intención de amedrentamiento en su contra, asegurando que la carta notarial enviada el pasado 20 de mayo al médico Cabani solo recordaba las restricciones legales sobre la difusión de información médica.
Al ser consultado sobre la denuncia de presunto abandono de funciones de Boluarte durante su hospitalización por las cirugías, aseguró que se esclarecerá legalmente en los próximos días como parte de las diligencias en curso y pidió respetar los canales institucionales.
ADVIERTEN DEMANDA POR DIFAMACIÓN. Dos días antes de la citación de Cabani al Parlamento, su abogado Alex Starost le envió una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte, donde le advirtió que la demandaría sino rectifica sus declaraciones y reconoce que recibió internamiento hospitalario y que se sometió a una cirugía estética y funcional en junio de 2023.
En el documento, el cirujano menciona que la firma de Boluarte en la resolución del 29 de junio del 2023 es fraudulenta porque la jefa de Estado estaba internada todo el día en la clínica Cabani, donde recibió atención postoperatoria. En ese sentido, el texto señala que al comparar la rúbrica de la presidenta con la que aparece en algunas resoluciones oficiales, se notaron diferencias evidentes entre ambas.
IMPULSAN MOCIÓN DE VACANCIA. Tras hacerse pública esta información, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció que presentará una moción de vacancia contra Dina Boluarte por presunta incapacidad moral y buscará las firmas para sacarla del cargo.
También denunció la posible falsificación de firmas, ya que según manifestó preocupado es que no hubo ingreso de personal externo el día en que Boluarte firmó la resolución, lo que levanta sospechas de encubrimiento y obstrucción a la justicia.
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