En una entrevista para La República, los abogados del expresidente Pedro Castillo, Martín Piaggio y Carlos Perea Pasquel , expresaron su desacuerdo con la decisión del Poder Judicial de desestimar el recurso de apelación para sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Los abogados señalaron que el Ministerio Público no ha logrado demostrar que Castillo cometió el delito de rebelión, ya que los testigos presentados no confirmaron un "alzamiento en armas", elemento clave para este tipo penal.
Asimismo, los letrados también cuestionaron la extensión de la prisión preventiva a 36 meses, considerándola desproporcionada, especialmente cuando aún no se ha dictado una sentencia. Argumentaron que la solicitud de vigilancia electrónica se basó en el Decreto Legislativo 1322, que originalmente no excluía el delito de rebelión, pero que fue modificado por el Decreto Legislativo 1585, firmado por la presidenta Dina Boluarte, para impedir este beneficio.
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