La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación que da luz verde al inicio del proceso parlamentario, que busca determinar la eventual responsabilidad política y penal del expresidente Pedro Castillo.
La acusación, formulada por la fiscal de la Nación, señala Castillo como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
El caso se centra en la supuesta contratación irregular de Segundo Llanos Guevara en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Según la denuncia, Llanos habría sido contratado hasta en cinco oportunidades bajo la modalidad de necesidad urgente y temporal, pese a que no se cumplían los criterios legales para justificar dicha contratación.
La Fiscalía sostiene que existió un uso doloso de la función pública para favorecer al mencionado trabajador, lo que configuraría un aprovechamiento indebido del cargo por parte del entonces presidente.
La admisión a trámite no implica una sanción inmediata, pero abre la vía para una investigación constitucional en el Congreso, que podría derivar en una acusación formal ante el Pleno y la inhabilitación del exmandatario para ejercer funciones públicas.
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