Un nuevo caso de favorecimiento es detectado en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Mediante Orden de Servicio n.° 553, emitida el pasado 13 de marzo del 2024, la entidad liderada por Gustavo Adrianzén Olaya contrató como locadora a la abogada Grace Nelly Fernández Ortega para la labor de “Contratación de defensa y asesoría legal” con un oneroso salario de S/39 mil.
Lo curioso es que la citada profesional fue una de las proveedoras favoritas en la gestión del expremier Alberto Otárola Peñaranda. Hecho que llevó a un escándalo en enero del 2023 cuando el programa Contracorriente de Willax reveló un irregular pago a la citada abogada que días antes de su contrato tuvo una reunión privada con Otárola de 20 minutos en Palacio de Gobierno. Su labor fue ser la representante legal en la investigación iniciada por la Fiscalía por los fallecidos en las violentas protestas contra el Gobierno.
El portal de Transparencia de la PCM reveló que solo en el 2023 durante 3 meses de locación de servicios se le emitió S/97 mil en sus requerimientos (1911, 898 y 389), todos con la misma temática. Ahora en la gestión de Adrianzén Olaya los montos contractuales se repiten. Como se sabe, este vínculo con el Estado refiere a los contratos menores a las 8 UIT (S/41 200) o también conocidos como “a dedo”, ya que solo faltó mínimas cifras para que su presencia sea mediante proceso de selección.
CUESTIONA LLEGADA. Para el congresista por Arequipa, Ricardo Medina Minaya, esta similitud en la entrega de contratos evidencia un presunto “pago de favores” y sale de la línea expuesta por el premier Gustavo Adrianzén, quien mencionó ser opositor al malgasto de dinero mediante asesorías o consultorías.
“Hay otras cosas en la que se centra la Fiscalía de la Nación, quien también debe tomar importancia a estos temas que evidencian un favor a un tercero. Adrianzén y
Otárola fueron ministros en la gestión de Ollanta Humala siguen una misma línea, pero se contradice, ya que en el voto de confianza dijo no ser ligado a asesorías”, indicó.
Pidió que las comisiones y entes encargados fiscalicen este contrato ya que muchos locadores cobran onerosas cantidades y presentan informes de una sola hoja.
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