La mañana del 11 de abril, el Gobierno del Perú recibió una buena noticia: que el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa Sarratea, fue expulsado por Estados Unidos y retornará al Perú detenido. Sin embargo el investigado presentó una medida cautelar lo que dilatará su llegada.
Sánchez estaba como no habido por cerca de 11 meses luego que el Poder Judicial dictara 30 meses de prisión preventiva contra él, por el presunto delito de organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo.
Tras su desaparición, el Ministerio del Interior incluyó en el programa de Recompensas a Sánchez y daban S/30 mil por su paradero. No fue hasta el 8 de setiembre del 2023, cuando la Policía de los Estados Unidos detuvo al prófugo en la frontera de Texas, donde Sánchez intentó cruzar ilegalmente.
Tras más de siete meses, desde el país norteamericano informaron la expulsión del investigado. Sin embargo, la defensa del empresario presentó una medida cautelar ante EE.UU., a fin de paralizar el proceso de retorno de Sánchez Sánchez. La justicia norteamericana tiene hasta 15 días para responder el pedido del investigado.
PIEZA CLAVE. Sánchez se encuentra investigado por el delito de tráfico de influencias. Según la tesis fiscal el exmandatario habría utilizado la residencia conocida como casa de Sarratea para funciones presidenciales durante los inicios de su administración. El inmueble habría sido uno de los lugares en los que se maquinó diversos actos de corrupción entre el expresidente, sus familiares, amigos y exministros.
Entre los visitantes, estuvo la empresaria Karelim López, hoy colaboradora eficaz y investigada por colusión simple y negociación incompatible en el caso Puente Tarata III.
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