El candidato presidencial de Ahora Nación (AN), Alfonso López-Chau, continúa en carrera hacia las Elecciones Generales de 2026 tras superar el proceso de tachas, pero su postulación quedó envuelta en controversia luego de conocerse que estuvo en prisión en los años 70, información que no consignó en su hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial. Aunque no registra sentencias penales, el caso ha abierto un debate sobre la transparencia exigible a quienes aspiran a la presidencia.
En su declaración jurada, López-Chau afirmó no tener sentencia penal por delito doloso ni otros impedimentos legales, lo que fue confirmado posteriormente por el Poder Judicial. Sin embargo, el economista no informó que estuvo recluido en penales como Lurigancho durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, situación que, según su entorno, respondió a persecuciones políticas y culminó con una amnistía, sin generar antecedentes judiciales.
La omisión fue denunciada públicamente por el excongresista Edgar Villanueva, quien aseguró que fue retirado de la lista de candidatos al Senado luego de pedirle a López-Chau que declare su paso por prisión por razones de transparencia. Villanueva afirmó que el candidato consideró innecesario mencionar ese episodio y que incluso defendió su trayectoria cuando surgieron cuestionamientos por presuntos vínculos con grupos subversivos.
Desde el equipo de prensa del candidato confirmaron que López-Chau estuvo privado de su libertad, pero negaron que se haya tratado de una condena penal. Indicaron que fue detenido por oponerse a una dictadura militar y que, al no existir delito ni sentencia, no hay registro en el sistema judicial. De hecho, un oficio del Poder Judicial de febrero de 2025 señala que no figura ninguna sentencia condenatoria firme en su contra.
Especialistas en derecho electoral coincidieron en que no existía obligación legal de declarar la carcelería al no haber condena penal, pero subrayaron que, tratándose de una candidatura presidencial, sí había un deber moral de transparencia. Advirtieron además que el Jurado Electoral Especial puede solicitar información adicional al Poder Judicial para fiscalizar la hoja de vida, en un contexto donde la claridad y la confianza pública se han vuelto exigencias centrales para quienes buscan gobernar el país.
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