El senador de Ahora Nación y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López-Chau, será llevado a juicio oral por presuntas irregularidades en la designación de Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de dicha institución. El Ministerio Público lo acusa de colusión simple y, de manera alternativa, de negociación incompatible.

NOMBRAMIENTO DE INVESTIGACIÓN. Según la acusación fiscal, en diciembre de 2021, cuando López-Chau estaba al frente de la UNI, habría coordinado con Anapan Ulloa para designarla en el cargo sin contar con la aprobación del Consejo Universitario, órgano que debía intervenir en el procedimiento a propuesta del rector.

La Fiscalía también cuestiona que la funcionaria no habría cumplido con los requisitos exigidos para ocupar el puesto. Entre ellos, acreditar su condición de docente y contar con cinco años de experiencia como jefa de área o departamento.

A estas observaciones se suma que Anapan Ulloa mantenía un vínculo laboral con el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) cuando fue nombrada. Además, tres meses después de asumir el cargo, su remuneración aumentó en 50 %, hasta alcanzar los S/13 500.

La defensa de López-Chau presentó una excepción de improcedencia de acción y solicitó el sobreseimiento del caso para impedir que llegara a juicio. Argumentó que el entonces rector actuó dentro de sus atribuciones y que la designación se produjo tras la renuncia del anterior secretario general.

Sin embargo, la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima determinó que ninguna norma facultaba al rector para nombrar directamente al secretario general de la universidad.

El Vigésimo Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso remitir el expediente al juzgado penal correspondiente para programar el juicio oral. Aunque López-Chau apeló el auto de enjuiciamiento, este recurso no impide que se convoque a las partes.

La fiscal Norah Córdova acusa a López-Chau como presunto autor y a Anapan Ulloa como presunta cómplice del delito de colusión simple. Por este cargo, solicita cuatro años y seis meses de prisión para cada uno, además de tres años de inhabilitación.

Como acusación alternativa, el Ministerio Público les atribuye negociación incompatible y pide cinco años de cárcel y 12 años y seis meses de inhabilitación. La Procuraduría Anticorrupción también reclama S/605 000 de reparación civil, que ambos asumirían de manera solidaria.