Hace dos días se oficializó el cambio de 53 artículos de la Constitución para que retorne la bicameralidad y reelección parlamentaria. Sin embargo, otra de las modificaciones dentro de la norma es que desde el 2026 se permitirá al fiscal de la Nación no tramitar una acusación constitucional contra un alto funcionario. En consecuencia se blindaría a un corrupto, así lo advirtió el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
Se trata de la modificación al artículo 100 de la Constitución que actualmente dispone que, cuando el Congreso aprueba acusar constitucionalmente a un alto funcionario, el fiscal de la Nación formula la denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. Sin embargo, con la nueva disposición no se fija un plazo determinado lo que provocaría que no se dé a trámite la acusación.
El cambio es este: “En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa, conforme a sus atribuciones, el ejercicio de la acción penal correspondiente ante la Corte Suprema”.
Es decir el titular del Ministerio Público, al recibir la autorización del Congreso para procesar a un alto funcionario, podría no formalizar la investigación preparatoria. Los escenarios que podrían tener la denuncia son: dilatarla o archivarla.
“Estamos dejando, no digo del fiscal de la Nación actual a quien conozco y de quien doy fe de su calidad, abierta la posibilidad que, a futuro, un fiscal de la Nación politizado o una Corte Suprema politizada, un juez supremo del que ve el tema de investigación preparatoria politizado, pueda no procesar. Es un retroceso terrible en la lucha contra la corrupción de los altos funcionarios lo que se ha aprobado (promulgado) y que nadie se ha dado cuenta”, aseveró Arévalo.
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