El premier Eduardo Arana quedó en la mira del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro I, tras la presentación de un informe de fiscalización que advierte una presunta infracción a la neutralidad electoral. Según el documento, el pronunciamiento difundido en redes sociales por la Presidencia del Consejo de Ministros habría favorecido directamente a Fuerza Popular, en respuesta a la solicitud de la Fiscalía de la Nación para declarar la ilegalidad del partido de Keiko Fujimori.
“Eduardo Melchor Arana Ysa, presidente del Consejo de Ministros, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la realización de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales que favorecería a la organización política Fuerza Popular”, señala el informe de la coordinadora de fiscalización, Wendolyne Zapata Vidaurre, enviado al presidente del JEE Lima Centro I, Hugo León Manco.
El informe advierte que cualquier declaración de un funcionario en campaña puede alterar el equilibrio democrático. “Todo acto de vinculación política de cualquier autoridad trae consigo efectos persuasivos que necesariamente van a influir en las emociones y percepción de los ciudadanos, lo que podría materializarse en un desbalance electoral que no permitiría asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos”, sostiene. Por ello, subraya que a las autoridades se les exige “cumplir con el deber de mantener la neutralidad electoral”.
Arana, sin embargo, negó haber favorecido al fujimorismo y defendió la postura del Gobierno. “Ninguna autoridad, nadie en el Perú, puede intervenir en el proceso electoral. Para nosotros la preocupación es que no haya un proceso limpio y transparente. Se nos va a decir que de repente que tenemos algún tipo de favorecimiento en favor de una organización política. No es ese el propósito. Nuestra intención es justamente asegurar que cualquier organización política pueda gozar de las garantías de participación ciudadana. Nadie puede negar u obstruir la participación de ningún partido llámese como se llame”, declaró. No obstante, omitió que la Ley Orgánica de Elecciones faculta expresamente a la fiscal de la nación a solicitar la ilegalización de un partido por conducta antidemocrática.
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