La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la denuncia que responsabilizaba a la presidenta Dina Boluarte y a cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones registradas durante las movilizaciones sociales tras su llegada al poder entre finales de 2022 y 2023.
La decisión fue adoptada con 11 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El informe técnico concluyó que la acusación, formulada por la legisladora Ruth Luque, no cumplía con los criterios del artículo 89 del reglamento parlamentario, por lo que fue declarada improcedente.
Además de Boluarte, la denuncia involucraba a Pedro Angulo, Luis Alberto Otárola, César Cervantes y José Tello, a quienes se atribuyó una posible responsabilidad penal y constitucional por los operativos de control que derivaron en la muerte de decenas de ciudadanos durante la crisis política y social.
El informe aprobado sostiene que no se logró establecer una relación directa entre los hechos narrados y la comisión de delitos graves como homicidio calificado o lesiones graves. Por ello, la denuncia no será tramitada para investigación o sanción.
OTROS CASOS. El Parlamento todavía tiene en agenda otras denuncias contra la presidenta. Una de ellas, presentada por el legislador Jaime Quito, cuestiona la legalidad de la sucesión presidencial tras la destitución de Pedro Castillo. También permanece en evaluación una acusación contra el juez supremo Víctor Ticona, planteada por la fiscal de la nación, Delia Espinoza, por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible.
El grupo parlamentario continuará revisando otros informes de calificación en las próximas sesiones.
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